Equipo de investigación
Area Protocolo, Ceremonial y Eventos Internacional
Instituto Europeo Campus Stellae
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Un sistema de concubinas garantizaba la sucesión masculina hace 80 años. La actual situación sin heredero no se daba en el pasado en Japón porque había un sistema rotatorio de concubinas del emperador, en el que solían participar 12 mujeres, asignadas por las familias nobles de la antigua capital de Kioto.
La costumbre establecía que el emperador dejara caer un pañuelo ante la puerta de la amante de servicio.
Los retoños que nacieron de esas relaciones eran criados, no por la casa imperial, sino por las familias que habían enviado a sus hijas al emperador.
El concubinato garantizaba que hubiera siempre varones descendientes del emperador listos para acceder al trono tras su muerte, por lo que la monarquía japonesa era una de las pocas en el mundo sin problemas de sucesión.
Aunque el padre de Hirohito, el emperador Taisho (Yoshihito), y su abuelo, el emperador Meiji (Mutsuhito), fueron hijos de concubinas, él nació de la esposa de su padre, la emperatriz consorte Sadako.
Precisamente, Hirohito fue el que abolió el sistema de amantes oficiales en 1924, el año en que contrajo nupcias con la emperatriz consorte Nagako y tras haber quedado impresionado por la buena relación personal en la familia real británica en un viaje que había hecho a Londres.
Esa medida y el que en su matrimonio los primeros cuatro vástagos fueron niñas, de las que sobrevivieron tres, causó una gran inquietud en la corte, que después de ocho años sin un heredero y un aborto espontáneo de la emperatriz consorte en 1932, presionó a Hirohito para que cambiara de actitud, para lo cual fueron elegidas 10 princesas; reducidas a tres, y finalmente sólo a una, quien, según rumores, visitó el palacio y jugó a las cartas con Hirohito, en presencia de Nagako.
La angustia llegó a su término cuando nacieron dos varones, el mayor de los cuales es el actual emperador Akihito, y el menor, el príncipe Hitachi.
Beate Sirota Gordon, la asistente civil del que fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Japón, el general estadounidense Douglas MacArthur, aseguró recientemente en una carta al diario The New York Times que Aiko “tiene todos los derechos para acceder al trono”. Gordon, que contribuyó a redactar los artículos sobre los derechos de las mujeres en la Constitución, impuesta a Japón por EE UU tras la II Guerra Mundial, coincide en ese extremo con los juristas y la mayoría de los parlamentarios nipones cuando aseguran que la Ley de la Casa Imperial, aprobada en 1947 por el Parlamento bicameral, es inconstitucional por limitar la herencia del trono, pues la Carta Magna establece la igualdad de sexos.
La Constitución japonesa se limita a indicar que la sucesión “debería ser dinástica y hacerse de acuerdo con la ley de la casa imperial”, con lo que no hace distinciones entre uno y otro género.
Sin embargo, la Ley de la Casa Imperial afirma que esa condición sólo la pueden tener los hijos varones nacidos de varones de la línea imperial, según establece su artículo 1, basado en el artículo 2 de la Constitución Meiji, promulgada en 1889 y abolida tras la II Guerra Mundial.
Los contrarios a permitir la sucesión femenina al trono argumentan que sería demasiado complicado y supondría un riesgo para la continuación de la monarquía, dado que la elección de consorte en el caso de una emperatriz es un problema muy delicado por la influencia que podría ejercer su pareja.
Los pragmáticos temen, por su parte, que, debido a la tradicional división de papeles, en función del género, en la sociedad japonesa, una heredera tendría muy difícil encontrar un esposo que acepte un rol subordinado como sería el de consorte.
Este debate se produce a la luz de los preparativos en marcha en Japón para revisar la Ley de la Casa Imperial de manera que las mujeres se puedan sentar en el trono del crisantemo por primera vez en dos siglos, un cambio que el 80% de los japoneses considera deseable e inevitable.
Japón ha comenzado a cuestionarse con un debate serio, el primero en dos décadas, si el trono del crisantemo debería ser accesible a los dos sexos, lo que ha sido hasta ahora un tema tabú.
“Japón tuvo emperatrices en el pasado y creo que el pueblo estaría a favor” de que las volviese a haber, ha señalado el primer ministro, Junichiro Koizumi, en su primera expresión de apoyo decidido, al que se han sumado los ministros de Exteriores, Nobutaka Machimura, y de Justicia, Chieko Nono.
El Gobierno japonés ha decidido examinar la posibilidad de revisar la Ley de la Casa Imperial, y para ello ha creado un panel de 10 expertos, ex miembros del Ejecutivo y juristas, que estudien hasta el próximo otoño qué estatus se daría al esposo de la emperatriz, qué orden regiría la línea sucesoria y si se debería permitir que las princesas imperiales que se casen con plebeyos mantengan sus derechos y no deban abandonar su condición.
Las conclusiones deben respetar la historia, la tradición y la opinión de la familia imperial, el sentir del pueblo y, a la vez, ajustarse a las necesidades de la época actual, según subrayan los analistas.
El presidente de la comisión parlamentaria sobre temas constitucionales, Taro Nakayama, ha adelantado que “tenemos previsto aceptar a una emperatriz en nuestro informe final” para presentar al Parlamento, otro más en elaboración para contribuir al debate abierto.
“Entre el 60% y el 70% de los parlamentarios apoyan la idea de posibilitar a las mujeres ser emperatrices de Japón”, señala el parlamentario Hajime Fukada, del Partido Liberal Democrático (PLD), que forma un Gobierno de coalición con la fuerza Nuevo Komeito.
El PLD, el primer partido de Japón y liderado por Koizumi, acordó el pasado noviembre proponer una reforma legal en un informe que debe estar listo en un año.
La reforma incluiría, además de que la herencia del trono sea dinástica independientemente del género, que las mujeres puedan acceder al trono y que quien lo ocupe sea designado jefe de Estado.
Para aprobar las modificaciones en la Ley de la Casa Imperial tan sólo es necesaria una mayoría simple, dado que no supone un cambio constitucional. Se barajan dos posibilidades: que pueda llegar al trono el primogénito, independientemente de su sexo, o que, en el acceso se dé prioridad a los varones, lo que permitiría que lo ocupasen mujeres si no hay alternativa.
La Constitución dice que “el emperador debe ser el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, y su posición deriva de la voluntad de éste, en el que reside el poder”, es decir, sin autoridad política.
La reforma supondría la designación oficial del emperador como jefe de Estado, función que sólo desarrolla cuando recibe a los nuevos embajadores en Japón y en alguna que otra ceremonia.
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